Todo
comenzó entre el 6 y 9 de noviembre de 1975. El príncipe Juan Carlos
asumía en funciones la jefatura de Estado, ante la debilidad física
de Franco; las reivindicaciones que llegaban desde el Sáhara
requerían la intervención de la máxima autoridad nacional. El rey
Hassan II de Marruecos había diseñado una invasión sobre el
territorio, que pretendía la anexión a su país, a la que bautizó con
el nombre de la Marcha Verde.
Desde
entonces, las traiciones al pueblo saharaui han sido continuas hasta
la actualidad, cuando el gobierno de Pedro Sánchez deja
definitivamente a su suerte a los saharauis. Un 14 de noviembre de
1975, cinco días antes de la muerte del dictador, en Madrid, se
firmaron los Acuerdos Tripartitos, por los cuales el Reino de España
entregaba unilateralmente la administración del Sáhara Occidental a
una administración formada por España, Marruecos y Mauritania. Se
abría una de las páginas más negra de la política exterior española.
El
objetivo de los Acuerdos Tripartitos de Madrid fue legalizar la
ocupación marroquí del Sáhara, una ocupación que ya estaba hecha. La
Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó de forma
determinante los hechos y presentó una resolución en la que se
exigía el respeto a la legalidad internacional y reconocía el
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Hasta la fecha
nadie ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.
Marruecos ni cumple con la legislación internacional ni reconoce las
resoluciones de la ONU.
Pero todo
ha cambiado, desde que España ratificó en la declaración final de la
XII Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat su apoyo al plan
de autonomía de Marruecos para la resolución del conflicto del
Sáhara Occidental. "España reitera la posición expresada en la
declaración conjunta adoptada el 7 de abril de 2022, con motivo del
encuentro entre el Rey Mohamed VI y el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, se lee en la declaración conjunta publicada, la cita
más importante ente los dos países en los últimos ocho años.
En
aquella declaración de abril de 2022, que puso fin a la crisis
diplomática entre los dos países que duró un año. Se afirmó que
España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental
para Marruecos y que considera la iniciativa de autonomía marroquí,
presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para
resolver este diferendo. Esto supuso un giro en la postura histórica
española de neutralidad respecto a su excolonia, que está desde 1975
bajo la administración de facto de Marruecos y reclamada por el
saharaui Frente Polisario.
Ahora, con la victoria de Donald Trump en
Estados Unidos, todo se presenta más favorable para Marruecos. La
incertidumbre sobre qué políticas llevará a cabo en pleno auge de la
extrema derecha se cierne sobre la Unión Europea y a nivel global.
En el plano internacional
se mira especialmente a Ucrania y Oriente Medio.
Pero hay una derivada muy preocupante en el conflicto del Sáhara
Occidental. Los hechos hasta la fecha son los siguientes: En
diciembre de 2020, cuando estaba a punto de terminar su primer
mandato, Trump anunció que había firmado una proclamación
reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Con la vuelta de Donald Trump a la Casa
Blanca, Marruecos tendrá un poderoso aliado en el Sáhara Occidental,
ya que el expresidente fue el primer líder occidental en reconocer
la marroquinidad de ese territorio. Recientemente, el presidente
francés, Emmanuel Macron, apoyó el plan de autonomía de Rabat.
Durante su visita al reino alauí, aseguró
que Francia estará del lado de Marruecos en todas sus cuestiones
existenciales, incluyendo el futuro del Sáhara Occidental.
Para Bernabé López, especialista en el mundo
árabe y Magreb contemporáneo de la Universidad Autónoma, la carta de
Donald Trump del 10 de diciembre de 2020, reconociendo la
marroquinidad del Sahara abrió el camino para que países como
España, Alemania y recientemente Francia, se acercaran a las tesis
de Marruecos.
La victoria electoral de Donald Trump permite pensar a Marruecos que
el presidente electo culminará la política que él inició,
haciendo realidad lo que quedó en suspenso durante el mandato del
presidente Biden, con la apertura de un consulado en la ciudad
sahariana de Dajla, la antigua Villa Cisneros. El Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas respecto a la resolución para un
referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental ha
demostrado ser una inoperatividad absoluta. Si EEUU y Francia actúan
al unísono, todo está perdido en el Sáhara Occidental.
El movimiento solidario español comprende y
entiende que España debe tener unas buenas relaciones con el vecino
del sur, al igual que con el resto de los países vecinos. En el caso
de Marruecos,
lo que se pide a España es que estas buenas relaciones no se hagan a
costa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
El PSOE reconoce que las relaciones con Marruecos son fundamentales
para la integridad territorial incluyendo Ceuta y Melilla. Es sabido
que Marruecos reivindica Ceuta y Melilla y abre la frontera a su
antojo, provocando que incluso la Unión Europea adoptara una
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021,
sobre la violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño y el uso de menores por las autoridades marroquíes
en la crisis migratoria de Ceuta.
Insiste
el PSOE en su argumentario tras mencionar la importancia de las
empresas españolas que operan en Marruecos y que más de 800.000
marroquíes viven en España, que lleva meses trabajando con un
objetivo: que la defensa de la ciudadanía española, de los intereses
de España, en especial, nuestra seguridad, nuestra soberanía,
nuestra prosperidad y nuestra integridad territorial, incluyendo
Ceuta y Melilla. El argumentario es alarmante ya que si no se
hubiera producido el cambio de postura o venta del Sáhara a
Marruecos la integridad territorial de España, no estaría en
peligro.
Según el
art. 73 de la Carta de Naciones Unidas, España tiene como un encargo
sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del
sistema de paz y de seguridad internacionales, el bienestar de los
habitantes de esos territorios y además: asegurar, con el debido
respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto
político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de
dichos pueblos y su protección contra todo abuso; desarrollar el
gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones
políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento de
sus libres instituciones políticas; promover la paz y la seguridad
internacionales; y cooperar unos con otros para conseguir la
realización práctica de los propósitos de carácter social, económico
y científico.
El cambio
de postura del Gobierno de España en el plano internacional, no
afectará a la resolución del conflicto, porque España no tiene la
capacidad de dar efectividad a esa declaración. No debe firmar
ningún acuerdo con Marruecos que sea aplicable al Sáhara Occidental,
porque estaría incurriendo en responsabilidad internacional, y
podría ser llevada ante la corte internacional de justicia sí
concluyera un acuerdo para delimitar las aguas jurisdiccionales de
Sáhara Occidental con Marruecos. España ha apoyado siempre de forma
tácita la ocupación del territorio. Nuestros gobiernos nunca han
sido neutrales ni han mediado entre las partes. Se han limitado a
ceder al chantaje marroquí (Ceuta, Melilla, inmigración organizada
desde y por Marruecos). De otra parte España ha intervenido en los
juicios ante el TJUE frente al pueblo saharaui y al Frente
Polisario, por que hace años que se ha deslegitimado como posible
mediador.
El Sáhara Occidental sigue siendo un
Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y como tal,
todos los actores del escenario político internacional tienen la
obligación de contribuir a una República Árabe Saharaui Democrática
libre e independiente (o al menos no obstaculizar su consecución).
Un momento oportuno, procedente y justo hubiese sido el
reconocimiento del Estado saharaui por parte de España el pasado mes
de mayo, cuando reconoció al Estado de Palestina.
Sin embargo, su Gobierno se decantó por seguir relegando los
derechos del pueblo saharaui, entre otras excusas, a una supuesta
excelente relación de vecindad.
Contra
todo pronóstico y pese a los numerosos intentos, el pueblo saharaui
sigue decidido a luchar con plena convicción y determinación por
ejercer de manera efectiva su derecho a la autodeterminación e
independencia. Aquellos que crean que los saharauis van a ser
víctimas del paso del tiempo, no conocen la naturaleza del desierto.
Podemos morir, otros continuarán (Bujari Ahmed).
Conviene
recordar que aunque el Gobierno de España insista en considerar la
propuesta de Marruecos como una base realista, ello no altera de
modo alguno la naturaleza jurídica de la cuestión del Sahara
Occidental, habida cuenta de que se trata de un proceso de
descolonización inconcluso, que debe regirse por lo establecido por
el Derecho Internacional, en un proceso político en el seno de
Naciones Unidas así como de la Unión Africana. Tras la reafirmación
del Presidente del Gobierno, España renuncia definitivamente a la
asunción del rol prominente que le correspondería en el proceso de
descolonización del Sahara Occidental, el Frente POLISARIO
manifiesta que seguirá instando al respeto al Derecho Internacional
en todos los lugares del mundo.
Por la
autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental, no a la
traición del Gobierno de España al pueblo saharaui, es necesario
reconocer la naturaleza política del exilio saharaui: forzado por el
abandono de la administración española y la invasión militar
marroquí que la acompañó; así como atender a las necesidades reales
de la población refugiada.
