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Primera República |
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Constitución (pdf) |
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La Primera
República Española fue
el régimen
político que
hubo en España desde
su proclamación por las Cortes,
el 11
de febrero de 1873,
hasta el 29
de diciembre de 1874,
cuando el pronunciamiento del general Martínez-Campos dio
comienzo a la Restauración
borbónica en España.

Bandera provisional de la República |
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El primer intento
republicano en
la Historia
de España fue
una experiencia corta, caracterizada por la profunda
inestabilidad política y social y la violencia. La
República fue gobernada por cuatro presidentes
distintos hasta que, tan sólo once meses después de su
proclamación, se produjo el golpe de Estado del general
Pavía y
la instauración de una república unitaria dominada por
el Duque
de la Torre.
El período estuvo marcado por
tres guerras
civiles simultáneas:
la Tercera
Guerra Carlista, la sublevación
cantonal en
la península
Ibérica y
la
Guerra de los Diez Años en Cuba.
Los problemas más graves para la consolidación del
régimen fueron la falta de verdaderos republicanos, la
división de éstos entre federalistas y unitarios y la
falta de apoyo popular.

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Proclamación de la República
El rey Amadeo
I renunció
al trono de España el día 11
de febrero de 1873.
Esta renuncia estuvo motivada por las dificultades a
las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado,
como la guerra
en Cuba, el estallido de la Tercera
Guerra Carlista, la
oposición de los monárquicos alfonsinos,
que aspiraban a la restauración
borbónica en
la figura de Alfonso
de Borbón, hijo de Isabel
II, las diversas
insurrecciones republicanas y la división entre sus
propios partidarios.
El Congreso,
con inclusión del Senado,
estaba reunido en sesión conjunta y permanente, y,
mientras esperaba alguna comunicación final del rey,
se erigió en Asamblea Nacional. Imperaba en ésta una
amplísima mayoría de parlamentarios monárquicos,
pertenecientes a los dos partidos monárquicos y
dinásticos que hasta entonces se habían turnado en el
gobierno: el partido
radical de Manuel
Ruiz Zorrillay
el partido
constitucional de Práxedes
Mateo Sagasta. Junto a la
abrumadora mayoría monárquica se sentaba en la
Asamblea Nacional una minoría republicana, muy
dividida entre federales y unitarios. Uno de ellos, el
federalista Francisco
Pi y Margall, presentó a la
Asamblea la siguiente proposición:
La
Asamblea Nacional asume los poderes y declara como
forma de gobierno la República, dejando a las Cortes
Constituyentes la organización de esta forma de
gobierno. |
Pi y Margall, en su defensa de
la propuesta —de la que era firmante junto con
Figueras, Salmerón y otros diputados—, aunque se
reafirmaba como federalista, renunciaba en ese momento
a imponer como forma de gobierno la República federal
con la esperanza de que fueran las Cortes
Constituyentes que
debían convocarse quienes la declararan, y anunciaba
su acatamiento a otra decisión distinta si así se
adoptaba democráticamente. Emilio Castelar subió al
estrado y pronunció este discurso:
Tras el elocuente discurso de Castelar, entre
encendidos aplausos, fue proclamada la República
Española, con la resignación de los monárquicos, por
258 votos a favor y sólo 32 en contra:
La
Asamblea Nacional resume todos los poderes y declara
la República como forma de gobierno de España,
dejando a las Cortes Constituyentes la organización
de esta forma de gobierno. Se elegirá por
nombramiento directo de las Cortes un poder
ejecutivo, que será amovible y responsable ante las
mismas Cortes. |
En esta misma sesión, se eligió
el primer gobierno de la República. El republicano
federal
Estanislao Figueras resultó
elegido "Presidente del Poder Ejecutivo" (jefe de
Estado y Gobierno) y no "Presidente de la República"
pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución
que creaba ese cargo; en su discurso, dijo que la
llegada de la República era «como el iris de paz y
de concordia de todos los españoles de buena voluntad».
La aprobación de esas resoluciones sorprendió y
desconcertó a toda España, ya que en las Cortes,
elegidas pocos meses antes, los republicanos eran una
minoría. Ruiz Zorrilla afirmaba en plena Asamblea:
Protesto
y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos
diputados que habiendo venido al Congreso como
monárquicos constitucionales se creen autorizados a
tomar una determinación que de la noche a la mañana
pueda hacer pasar a la nación de monárquica a
republicana. |
Para muchos, dada la imposibilidad de restaurar a
Isabel II y la juventud del futuro Alfonso XII, la
República es la única salida posible, aunque sólo sea
como medida provisional, en razón del fracaso
inevitable que la aguarda.

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Este primer gobierno lo formaban federales y progresistas,
que ya habían sido ministros durante la monarquía. En
él cuatro ministros del rey Amadeo; Echegaray,
Becerra, Fernández de Córdoba y Berenguer, ocupaban
los ministerios de Hacienda, Guerra, Marina y Fomento.
Al comenzar, afrontaban una desesperante situación
financiera: déficit presupuestario de 546 millones de
pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y
solo 32 millones para cubrirlas. El Cuerpo de
Artillería había sido disuelto en el momento de más
virulencia en las guerras cubana y carlista, para las
que no había suficientes soldados, armamento ni dinero
con el que alimentar o adquirirlo. Por otro lado,
España atravesaba una aguda crisis económica,
coincidente con la gran crisis mundial de 1873 y
agudizada por la inestabilidad política; en los años
precedentes había aumentado el paro entre jornaleros y
obreros. Las organizaciones proletarias respondieron
con huelgas, marchas, concentraciones de protesta y la
ocupación de tierras abandonadas.
El 23
de febrero, el recién
elegido presidente de la Asamblea Nacional, el radical Cristino
Martos, organizó un intento
de golpe
de Estado, llegando la Guardia
Civil a
ocupar el Ministerio de Gobernación y laMilicia
Nacional el
Congreso, para instaurar una república
unitaria. Esto provocó la
primera remodelación del gobierno sustituyendo a los
ministros progresistas por ministros republicanos
federales.
Doce días después de proclamarse
la República, se firmó solemnemente el cese del servicio
militar obligatorio,
y se creó el servicio voluntario. Cada soldado
cobraría una peseta diaria
y un chusco.2 Se
creaba asimismo una milicia de
voluntarios de la República, con un
sueldo de cincuenta pesetas al alistarse y dos pesetas
y un chusco diarios.
El segundo gobierno de Figueras
tuvo que enfrentarse al intento de proclamación del Estat
Català el 9
de marzo dentro
de la República Federal Española, que fue superado
tras una serie de gestiones
telegráficas con
los dirigentes catalanes. Poco después, el 23
de abril, se produjo un
nuevo intento de golpe de Estado preparado por
alfonsinos, miembros de la Unión Liberal, progresistas
de Sagasta y sectores monárquicos del Ejército, pero
fracasaron cuando varias unidades se abstuvieron a
última hora.
Se suele considerar a Pi
y Margall como
el alma de este gobierno que hubo de enfrentarse a un
sinfín de problemas ya endémicos para la Primera
República (Tercera Guerra Carlista; sublevaciones
separatistas, en este caso de Cataluña; indisciplina
militar, conspiración monárquica, etc.); su gobierno
disolvió la Asamblea y convocó Cortes Constituyentes
para el 1
de mayo. El 23
de abril, Cristino Martos,
esta vez amparado en el gobernador civil de Madrid,
Estébanez, intentó un nuevo golpe de Estado: un
batallón de milicianos tomó posiciones en el Paseo
del Prado y
cuatro mil voluntarios más, perfectamente armados, se
concentraron en la plaza
de la Independencia con
el pretexto de pasar revista. Enterado de la intentona
golpista, Pi y Margall (a la sazón ministro de
Gobernación) movilizó a la Guardia Civil. El ministro
de la Guerra, por su parte, tras nombrar capitán
general de Madrid a Baltasar
Hidalgo, ordenó que el
brigadier Carmona, con un batallón de infantería y
algunas unidades de artillería y caballería, marchara
sobre los milicianos: el golpe de Estado fracasó
apenas iniciado, y el gobierno disolvió la Comisión
Permanente del Congreso y los batallones que
participan en la conjura.
El gobierno convocó elecciones a Cortes
Constituyentes para
el 10
de mayo, que resultaron en
343 escaños para republicanos federales y 31 para el
resto de fuerzas políticas. Las elecciones se
desarrollaron en condiciones muy poco ortodoxas, y su
representatividad resultó ridícula, pues no
participaron ni los carlistas (en
guerra desde 1872),
ni los monárquicos alfonsinos de Cánovas
del Castillo, ni los
republicanos unitarios, ni tan siquiera las
incipientes organizaciones obreras adscritas a la Internacional,
que se pronunciaron por la abstención.
Fueron posiblemente los comicios con la participación
más baja de la Historia de España. En Cataluña, sólo
votó el 25% del electorado; en Madrid, el 28%.

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El 1
de junio de 1873 se
abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes y
comenzó la presentación de propuestas. El 7
de junio se
debatió la primera de ellas, suscrita por siete
diputados, que decía:
Artículo
único. La forma de gobierno de la Nación española es
la República democrática federal. |
El Presidente, haciendo cumplir
lo que ordenaba el Reglamento de las Cortes para la
aprobación definitiva de las propuestas de ley,
dispuso celebrar una votación nominal al día
siguiente. El 8
de junio se
aprobó la propuesta con el voto favorable de 219
diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese
día la República
federal. Al tiempo, los
federalistas apostaban por un modelo
confederal de
tipohelvético,
constituyéndose directamente en cantones
independientes.
Así narraba Benito
Pérez Galdós el
clima parlamentario de la Primera República:
Las
sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más
de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa,
entretenido con el espectáculo de indescriptible
confusión que daban los padres de la Patria. El
individualismo sin freno, el flujo y reflujo de
opiniones, desde las más sesudas a las más
extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos
oradores, enloquecían al espectador e
imposibilitaban las funciones históricas. Días y
noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran
en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los
ministros debían ser elegidos separadamente por el
voto de cada diputado, o si era más conveniente
autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista
del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron
todos los sistemas. Era un juego pueril, que
causaría risa si no nos moviese a grandísima pena. |
Presidiendo un Consejo de
Ministros, harto de debates estériles, llegó
Estanislao Figueras a gritar en catalán:
«Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco:
¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!» Tan
harto que el 10
de junio dejó
disimuladamente su dimisión en su despacho en la
Presidencia4 se
fue a dar un paseo por el parque
del Retiro y,
sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que
salió de la estación
de Atocha. No se bajó hasta
llegar a París.

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Gobierno de Francisco Pi
y Margall |
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La república federal
para Pi y Margall:
El procedimiento —no hay para qué
ocultarlo—, era abiertamente contrario al
anterior: el resultado podía ser el mismo.
Representadas habían de estar en las
nuevas Cortes las provincias, y, si éstas
tenían formada idea sobre los límites en
que habían de girar los poderes de los
futuros Estados, a las Cortes podían
llevarla y en las Cortes sostenerla. Como
determinando la esfera de acción de las
provincias habría venido a quedar
determinada por el otro procedimiento la
del Estado, determinando ahora la del
Poder central, se determinaba, se quisiera
o no, la de las provincias. Uno y otro
procedimiento podían, a no dudarlo, haber
producido una misma constitución y no
habría sido, a mi manera de ver, ni
patriotismo ni político dificultar, por no
transigir por este punto, la proclamación
de la República.
Si el procedimiento de abajo arriba no era
más lógico y más adecuado a la idea de la
Federación, era, en cambio, el de arriba
abajo más propio de una nacionalidad ya
formada como la nuestra, y en su
aplicación mucho menos peligroso. No había
por él solución de continuidad en el
Poder; no se suspendía ni por un solo
momento la vida de la nación; no era de
temer que surgiesen graves conflictos
entre las provincias; era la obra más
fácil, más rápida, menos expuesta a
contratiempos y vaivenes...
Francisco Pi y Margall |
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Tras la huida a Francia de
Figueras, al advertir el vacío de poder ya iba a
pronunciarse el general Manuel
Sodas cuando
uncoronel de
la Guardia
Civil, José de la Iglesia,
se presentó con un piquete en el edificio del
Congreso y anunció a los diputados que de allí no
salía nadie hasta que eligieran a un nuevo
Presidente. Eligieron el día 11
de junio al
también federalista
Francisco Pi y Margall,
que al presentar a su gobierno ante la Asamblea
declaró que no tenía programa y que no sabía qué
hacer. El esfuerzo principal del nuevo gobierno
sería la elaboración de una nueva Constitución, así
como la aprobación de una serie de leyes de carácter
social: el reparto de tierras desamortizadas entre
arrendatarios, colonos y aparceros, el
restablecimiento del ejército regular, con levas
obligatorias, la separación de la Iglesia y el
Estado, la abolición de la esclavitud, la enseñanza
obligatoria y gratuita, la limitación del trabajo
infantil, la creación de jurados mixtos de
empresarios y trabajadores, el derecho a la
sindicación obrera y la jornada de trabajo de 8
horas.
El 16
de junio se
eligió una comisión de 25 miembros que debía elaborar
la nueva Constitución, presentándose el proyecto de
Constitución Federal de la
República Española,
cuya redacción se atribuye principalmente a Castelar,
al día siguiente para su debate.
El 28
de junio, Pi y Margall
renovó la composición de su gobierno, pero debido a la
lentitud y las constantes demoras durante los debates
sobre la nueva Constitución, los acontecimientos se
precipitaron con una celeridad asombrosa. El 30
de junio el
ayuntamiento de
Sevilla
acordó transformarse en República Social, y al
día siguiente los diputados federales intransigentes
abandonaron las Cortes. Una semana más tarde, el 9
de julio, Alcoy se
declara independiente: desde el día 7
de julio estaban
teniendo lugar una ola de asesinatos y ajustes de
cuentas al amparo de una huelga revolucionaria (la
llamada
Revolución del petróleo
dirigida por elementos locales de la sección
española de la AIT).
Era sólo el comienzo. Poco después, comienza la sublevación
cantonalista con
huelgas generales en toda España, soldados asesinando
a oficiales, alcaldes linchados, y un centenar de
muertos.
"La
nación jumillana desea vivir en paz con todas las
naciones vecinas y, sobre todo, con la nación
murciana, su vecina; pero si la nación
murciana,
su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a
traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como
los héroes del Dos
de Mayo,
y triunfará en la demanda, resuelta completamente a
llegar, en sus justísimos desquites, hasta Murcia, y a
no dejar en Murcia piedra sobre piedra.""La nación
jumillana desea vivir en paz con todas las naciones
vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su
vecina; pero si la nación
murciana,
su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a
traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como
los héroes del Dos
de Mayo,
y triunfará en la demanda, resuelta completamente a
llegar, en sus justísimos desquites, hasta Murcia, y a
no dejar en Murcia piedra sobre piedra."
El más conocido y activo de
todos los cantones fue el de Cartagena,
que estalló el 12
de julio en
aquella base militar y naval, bajo la inspiración del
diputado federal murciano Antonio
Gálvez Arce, conocido como Antonete.
Los cantonalistas cartageneros
toman el castillo de Galeras. Izan una bandera roja y
dan un cañonazo como señal previamente acordada, para
indicar al Almansa que
se han tomado las defensas y puede sublevarse junto al
resto de la escuadra. En
realidad, a falta de una bandera roja por completo, se
iza una bandera turca. Enseguida se retira la bandera,
y a falta de pintura roja, y para evitar confusiones
que lleven a pensar que han perdido el control del
castillo, un sublevado se corta en el brazo
voluntariamente y con su sangre tiñe la media luna y
la estrella.7 Cuando
las noticias llegan al Capitán General. Este transmite
a Madrid su famoso telegrama: «El
Castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca». Antonio
Gálvez Arce apasionó a la
marinería con su inflamada oratoria y se apoderó de la
escuadra fondeada en el puerto, que en ese momento se
componía de lo mejor de la Armada.
Con la flota en su poder sembró el terror en la costa
mediterránea próxima, y fue declarado pirata y
buena presa por decreto del gobierno de Madrid. Ya
en tierra, dirigió una marcha sobre Madrid que fue
desbaratada en Chinchilla.
El cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro
cantonal, y resistió seis meses de guerra e
independencia.
Dos fragatas cantonales, la fragata
de hélice Almansa y
la fragata
blindada Vitoria,
salieron de Cartagena «hacia
una potencia extranjera» (es decir, a Almería),
para recaudar fondos. Al negarse la ciudad a pagar,
fue bombardeada y tomada por los cantonalistas,
quienes se cobraron ellos mismos el tributo. El
general Contreras, al mando de la flota, se hizo
rendir honores al desembarcar, curiosamente al son de
la Marcha
Real. A continuación,
repitieron hazaña en Alicante y,
de vuelta a Cartagena, fueron apresados como piratas
por las fragatas
acorazadas HMS Swiftsure y SMS Friedrich
Carl, británica y
alemana respectivamente

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Según Emilio Castelar:
Hubo días de aquel verano en
que creíamos completamente disuelta nuestra España.
La idea de la legalidad se había perdido en tales
términos que un empleado cualquiera de Guerra
asumía todos los poderes y lo notificaba a
las Cortes, y los encargados de dar y cumplir las
leyes desacatábanlas sublevándose o tañendo arrebato
contra la legalidad. No se trataba allí, como en
otras ocasiones, de sustituir un Ministerio
existente ni una forma de Gobierno a la forma
admitida; tratábase de dividir en mil porciones
nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la
caída del califato
de Córdoba. De provincias
llegaban las ideas más extrañas y los principios más
descabellados. Unos decían que iban a resucitar la
antigua
corona de Aragón, como si
las fórmulas del Derecho moderno fueran conjuros de
la Edad
Media. Otros decían que
iban a constituir una
Galicia independiente
bajo el protectorado de
Inglaterra.
Jaén
se apercibía a una guerra con
Granada.
Salamanca
temblaba por la clausura de su gloriosa
universidad y
el eclipse de su predominio científico [...] La
sublevación vino contra el más federal de todos los
Ministerios posibles, y en el momento mismo en que
la Asamblea trazaba un proyecto de Constitución,
cuyos mayores defectos provenían de la falta de
tiempo en la Comisión y de la sobra de impaciencia
en el Gobierno.
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Más grave incluso era el
problema de la Tercera
Guerra Carlista, que campaba
por sus respetos con total libertad en las Vascongadas, Navarra y Cataluña,
y extendía su acción a toda la península a través de
partidas, mientras que el pretendiente Carlos
VII había
formado en Estella un
gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba
incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia
de los franceses les permitía recibir ayuda externa.
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Más grave incluso era el
problema de la Tercera
Guerra Carlista, que campaba
por sus respetos con total libertad en las
Vascongadas,
Navarra
y Cataluña,
y extendía su acción a toda la península a través de
partidas, mientras que el pretendiente Carlos
VII había
formado en Estella un
gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba
incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia
de los franceses les permitía recibir ayuda externa.
Sin tiempo para que la
Constitución de la República Federal pudiera ser
aprobada en las Cortes, Pi y Margall se vio en una
situación crítica. Se negaba a reprimir la rebelión de
los cantones porque declaraba, con toda lógica, que
los sublevados no hacían más que seguir la doctrina
que él había proclamado, en vista de lo cual, se vio
forzado a dimitir el 18
de julio, tras 37 días de
mandato. De esta forma describió las decepciones que
le había dado la política:
Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no
puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno mi
tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza
en los hombres, que constituía el fondo de mi
carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos;
por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos
que no buscaban en la política sino la satisfacción
de sus apetitos. He recibido mal por bien... |

El proyecto de Constitución Federal de la Primera
República Española se desarrollaba a lo largo de 117
artículos organizados en 17 títulos.
En su primer artículo fijaba lo siguiente:
Componen la Nación Española los Estados de Andalucía
Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja,
Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia,
Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones
Vascongadas. Los Estados podrán conservar las
actuales provincias o modificarlas, según sus
necesidades territoriales. |

Alegoría de La
Niña Bonita sobre
la I República Española,
publicada en La
Flaca, revista
humorística y liberal |
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Estos estados tendrían una «completa autonomía
económico-administrativa y toda la autonomía política
compatible con la existencia de la Nación», así
como «la facultad de darse una Constitución
política» (artículos 92º y 93º).
El proyecto de Constitución
preveía en su Título IV, además de los clásicos
Poder
Legislativo,
Poder Ejecutivo y Poder
Judicial, un cuarto
Poder de Relación que
sería ejercido por el Presidente de la República.
El Poder Legislativo estaría en
manos de las Cortes Federales,
que se compondrían de:
Congreso y Senado,
siendo el Congreso una cámara de representación
proporcional con un diputado «por cada 50.000 almas»
que se renovaría cada dos años, y el Senado, una
cámara de representación territorial siendo elegidos
cuatro senadores por las Cortes de cada uno de los
Estados.
El Poder Ejecutivo sería ejercido por el Consejo de
Ministros, cuyo Presidente sería elegido por el
Presidente de la República.
El artículo 40 del proyecto disponía: «En la
organización política de la Nación española todo lo
individual es de la pura competencia del individuo;
todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional
es del Estado, y todo lo nacional, de la Federación».
El artículo siguiente declaraba que «Todos los
poderes son electivos, amovibles y responsables»,
y el artículo 42 que «La soberanía reside en todos
los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por
los organismos políticos de la República, constituida
por medio del sufragio universal».
El Poder Judicial residiría en el Tribunal Supremo
Federal, que se compondría «de tres magistrados por
cada Estado de la Federación» (artículo 73º) que
nunca serían elegidos por el Poder Ejecutivo ni el
Poder Legislativo. Además establecía que todos los
tribunales serían colegiados y la institución del
Jurado para toda clase de delitos.
El Poder de relación sería ejercido por el Presidente
de la República Federal cuyo mandato duraría «cuatro
años, no siendo inmediatamente reelegible», como
dice el artículo 81º del proyecto.

Tras aceptar la dimisión de Pi y
Margall, fue elegido Presidente del Poder Ejecutivo Nicolás
Salmerón, con 119 votos a
favor y 93 votos en contra.
El nuevo presidente, que era un
republicano federal moderado, defendía la necesidad de
llegar a un entendimiento con los grupos más moderados
o conservadores y una lenta transición hacia la
república federal. Su oratoria era demoledora. Francisco
Silvela decía
que Salmerón, en sus discursos, sólo usaba un arma: la
artillería. Antonio
Maura caracterizaba
el tono profesoral de don Nicolás diciendo que «siempre
parece que esté dirigiéndose a los metafísicos de
Albacete».
Ya durante su etapa como
Ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de
Estanisalo Figueras, promovió la abolición de la pena
de muerte, así como la
independencia del poder
judicial frente
al político.
Su nombramiento produjo una
intensificación del movimiento
cantonalista, para cuyo
control tuvo que recurrir a generales abiertamente contrarios a la República Federal, mandando sendas
expediciones militares a Andalucía y Valencia,
al mando de los generales Pavía y Martínez
Campos respectivamente,
que uno tras otro fueron sometiendo a los distintos
cantones, excepto el de Cartagena que
resistiría hasta el 12
de enero de1874.
Sus generales le solicitaron el
“enterado” del gobierno y su firma para ejecutar
varias sentencias de muerte a varios soldados
desertores en el frente carlista, imprescindible,
según ellos, para la recuperación de la disciplina del
ejército. Salmerón, hombre de principios liberales muy
avanzados, se negó a conceder el “enterado”, y, tal
como figura inscrito en la piedra de su mausoleo, «abandonó
el poder por no firmar una sentencia de muerte».
De tal modo, dimitió el 6
de septiembre.

Al día siguiente, el 7
de septiembre, fue elegido
para ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo el
unitario Emilio
Castelar, catedrático de
Historia y destacado orador, por 133 votos a favor
frente a los 67 obtenidos por Pi y Margall. Durante su
anterior etapa, como Ministro de Estado en el gobierno
de Estanislao Figueras, promovió y consiguió que se
aprobase la abolición de la esclavitud en
el territorio ultramarino de Puerto
Rico, aunque no en Cuba por
la situación de guerra que vivía.
Con motivo de la difícil
situación por la que pasaba la República, con el
agravamiento de la Guerra Carlista, Emilio Castelar
comenzó la reorganización del ejército, anunciando
ante las Cortes que «para sostener esta forma de
gobierno necesito mucha infantería, mucha caballería,
mucha artillería, mucha Guardia civil y muchos
carabineros». A pesar de la oposición federalista,
las Cortes le concedieron poderes extraordinarios para
gobernar, tras lo cual se cerraron las Cortes el 20
de septiembre. Confirmó las
sentencias de muerte que provocaron la dimisión de su
predecesor, restableció el orden y dejó a punto de
rendición a los cantonales de Cartagena.
Sin embargo, el caos provocado
por la sublevación cantonal y el recrudecimiento de la
Guerra Carlista le llevaron a reabrir las Cortes el 2
de enero de 1874,
para someter a votación la gestión de su gobierno y
recabar plenos poderes con los que salvar a la
República del descrédito total.
Se abrió, en efecto, la sesión
de Cortes el 2 de enero de 1874 pero los federales se
lanzaron en tromba contra don Emilio Castelar, a quien
respaldaba el capitán general de Madrid, don Manuel
Pavía, antiguo partidario de Prim,
con quien se había alzado en Villarejo
de Salvanés. Dos fuerzas
bien diferentes amenazaban con interrumpir las
deliberaciones de las Cortes: los federales, deseosos
de acabar con Castelar a mano airada, y las tropas del
general Pavía, partidario de Castelar, que tenía
decidido acudir en su socorro para evitar su derrota
ante el federalismo.
Salían ya los regimientos comprometidos por la orden
del capitán general, cuando las Cortes conocieron la
derrota de Castelar por 119 votos contra 101. Dimitió
el último presidente de la República, y el de las
Cortes, que era Nicolás Salmerón, ordenó proceder a
nueva votación para elegir a un nuevo jefe del Poder
Ejecutivo.
Pavía se situó en la plaza
frente al edificio con
su estado mayor y ordenó a dos ayudantes que
impusieran a Salmerón la disolución de la sesión de
Cortes y el desalojo del edificio en cinco minutos. La
Guardia Civil, que custodiaba el Congreso, se puso a
las órdenes del general y ocupó los pasillos del
Congreso (sin llegar a entrar en el hemiciclo). Eran
las siete menos cinco de la mañana, cuando se estaba
procediendo a la votación para elegir al candidato
federal Eduardo
Palanca, y Salmerón, al
recibir la orden del capitán general, suspendió la
votación y comunicó el gravísimo suceso a los
diputados. Entonces, éstos abandonaron el edificio a
toda prisa, entre escenas de exacerbado histerismo;
algunos incluso se descolgaron por las ventanas.
Pavía, sorprendido, preguntó: «Pero señores, ¿por
qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la
puerta?».
Pavía, que era republicano
unitario, le ofreció a Emilio Castelar continuar en la
presidencia, pero este rehusó al no querer mantenerse
en el poder por medios antidemocráticos. Estos hechos
supusieron el final oficioso de la Primera República,
aunque oficialmente continuaría casi otro año más.

La República unitaria
En medio de la convulsión
política, entró en Cartagena el 12
de enero
el
general López
Domínguez, sustituto de
Martínez Campos, mientras Antonete Gálvez, con más de
mil hombres, lograba eludir el cerco a bordo de la “Numancia”,
y poner rumbo a Orán.
El final de la experiencia cantonal fue pagado por
Gálvez con el exilio, pero la
Restauración
le
permitió, mediante amnistía, regresar a su
Torreagüera
natal.
En esta época entablaría una extraña y entrañable
amistad con don Antonio
Cánovas del Castillo, máximo
responsable de la Restauración, quien consideraba a
Gálvez un hombre sincero, honrado y valiente, aunque
de ideas políticas exageradas.
Entretanto, tras la negativa de
Emilio Castelar, se encargó al general
Serrano,
recién regresado de su exilio en Biarritz por
su implicación en la intentona golpista del 23
de abril, la formación de un
gobierno de concentración que agrupó a monárquicos,
conservadores y republicanos unitarios, y del que se
excluyó a los republicanos federales.
Francisco Serrano, duque de la
Torre, de 63 años, antiguo colaborador de Isabel II,
ya había desempeñado por dos veces la jefatura del
Estado. Proclamó la República
unitaria, haciéndose cargo
de la Presidencia del Poder Ejecutivo, y gobernó
prescindiendo de las Cortes en una dictadura
republicana conservadora. Durante su mandato se
sometió al último de los cantones insurrectos, el de
Cartagena, y se concentraron los esfuerzos en la
guerra carlista en el norte de España. El general
intentó sin éxito consolidarse en el poder de forma
dictatorial, según el ejemplo del régimen de duques y
generales que se imponía en Francia a la caída de Napoleón
III y
tras la derrota de la Comuna
de París.
A los pocos meses, el 13
de mayo cedió
la presidencia del gobierno a Juan
de Zavala y de la Puente para
encargarse personalmente de las operaciones contra los
carlistas en el norte. Y más tarde le encargó el
gobierno a Práxedes
Mateo Sagasta el 3
de septiembre. El 10
de diciembre comenzó
el sitio de Pamplona,
pero el pronunciamiento
de Sagunto lo
interrumpió.

Final de la Primera República
El 29
de diciembre de
1874, el general Martínez
Campos se
pronunció en Sagunto a
favor de la restauración en el trono de la monarquía
borbónica en la persona de don Alfonso
de Borbón, hijo de Isabel
II. El gobierno de Sagasta
no se opuso a este pronunciamiento, permitiendo la
restauración de la monarquía. El triunfo de la
restauración borbónica se logró gracias al trabajo
previo de Antonio
Cánovas del Castillo, que
sin embargo era contrario al pronunciamiento militar.
Hasta 1931,
los republicanos españoles celebraban el 11
de febrero, aniversario de
la Primera República. Posteriormente, la conmemoración
se trasladó al 14
de abril, aniversario de la
proclamación de la Segunda
República, que además, entre 1932 y 1938 fue
fiesta nacional.
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