El golpe de Estado de 1936 es un tema
que lo tengo vivo en la memoria. Muchas historias vividas me contó
mi madre. Mis padres y todos los miembros de la familia que vivieron
aquellos acontecimientos han fallecido. Mi abuela, por las balas de
Franco, ante un paredón en Toledo.
En estos días,
el 18 de Julio ha adquirido actualidad, por el Debate del Estado de
la Nación y la aprobación de la Ley de Memoria Democrática,
que condena el golpe de Estado perpetrado contra la legitimidad
democrática de la República y la posterior dictadura franquista,
que declara ilegal. Este término se ha añadido para referirse
también a todas las condenas y sanciones producidas por razones
políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa y que,
hasta ahora, el texto solo calificaba de nulas. Igualmente, los
tribunales, órganos franquistas y todas sus resoluciones son
proclamados ilegales y no solo ilegítimos.
Las derechas se
rearman ante el 18 de Julio. El presidente del PP, Núñez Feijóo, se
ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática, en nombre
de la mayoría de los vascos y de los españoles,
no solo con los votos del PP y de otros grupos, sino también con los
del próximo Partido Socialista Obrero Español para juntos
restablecer la memoria y la justicia. La
promesa de Feijóo cuenta con el apoyo de quienes aman a Benito
Mussolini y adoran a Francisco Franco, como lo han manifestado
frente al Congreso de los Diputados; y que preparan actos y misas de
exaltación del golpe de Estado del 18 de Julio.
En esta ocasión voy a recoger las
reflexiones que hacía en 2014 en el desaparecido Cuarto Poder, con
el título Un país que pierde la memoria termina perdiendo la
dignidad, en el que hago un ejercicio de memoria histórica, sobre
aquel golpe fascista, que habiendo cumplido 86 años, todavía hay
efectos que siguen vivos. El día 22 cumplo setenta y tres años; el
golpe se dio trece años antes de nacer yo.
Quiero hacer memoria sobre lo que
significó el golpe de Estado del 18 de Julio de 1936 y sobre lo que
los golpistas pretendieron con su acción, que sumió a los españoles
en una guerra civil de tres años y, con la victoria de los llamados
nacionales, en una dictadura que duró más de cuarenta. Hoy, algunos
quieren volver a esos años negros.
La conspiración militar se puso en
marcha nada más formarse el gobierno de Azaña, tras la victoria del
Frente Popular. En la calle estaba cantado, en los despachos era
conocido y los cuarteles eran hervideros de conspiradores. Al
gobierno le llegaron noticias sobre lo que se estaba tramando y no
actuó, con la contundencia debida, contra la conspiración. Exceso de
confianza, errónea valoración política, falta de ánimo y valor, para
abordar la situación, llevaron a la tragedia.
El golpe de Estado se dio contra la
legitimidad de la República. Políticamente fue antidemocrático;
jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y
tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente
totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista; y
moralmente inhumano. El plan abarcaba todos los sectores y
actividades. Comprendía una acción de fuerza militar, desde
diferentes puntos de España y África; una colaboración religiosa y
una acción social, que debía poner en juego a la banca, la
judicatura, la industria, y a grupos políticos de acción violenta.
El directorio del general Mola, coordinaría todos los recursos a su
alcance: fuerzas militares, ayuda diplomática, financiera, armamento
y personal voluntario.
El libro Los mitos del 18 de Julio
(coordinado por Francisco Sánchez Pérez), viene a dar respuesta al
revisionismo histórico que hace la derecha, para descalificar a la
República y legitimar la rebelión. Según las tesis que defienden sus
autores, el brazo ejecutor del golpe fueron militares desleales a su
juramento en defensa de la República y los civiles que tenían un
papel fundamental para que triunfase. Estaban implicados, militares
desleales, falangistas, monárquicos, la derecha conservadora más
reaccionaria y la iglesia católica, que habían oprimido al pueblo
durante siglos. No fue un golpe doméstico, sino que contó con la
Italia fascista, quién jugó un papel determinante para el triunfo
del golpe, vendiendo y suministrando armas, antes y después.
La fecha de inicio del golpe de
Estado, nada tuvo que ver con el asesinato de Calvo Sotelo. Todo
estaba previsto con antelación, ligado a los contratos de compra de
armas y al apoyo italiano prometido. En el diseño del plan director
no estaba prevista la defensa de la iglesia y del catolicismo, ni
era un objetivo de motivación. El golpe tampoco pretendía acabar con
ninguna insurrección armada en marcha, porque no la había; sino
eliminar las reformas abordadas durante el primer bienio republicano
(agraria, laboral, militar y de la enseñanza) y defender la unidad
de España.
Ninguna organización republicana u
obrera tenía el propósito de subvertir el orden constitucional en la
primavera de 1936; porque o no querían o no podían. Tampoco había en
marcha ninguna intervención de la URSS en España. La política de
Stalin, desde 1925, no era de expansión, sino de socialismo en un
solo país, en la URSS. Antes del golpe, no había un Estado de
violencia revolucionaria o de terror rojo, no había ninguna dinámica
de exterminio ni de liquidación de los enemigos de clase y no se
asesinaba a las gentes de orden. El número de empresarios y
propietarios asesinados en los meses anteriores al 18 de Julio es
mínimo, y tampoco se dio muerte a ningún religioso.
La República no fue un fracaso que
conducía inexorablemente a una guerra, sino que fue destruida por un
golpe militar, con la connivencia de un país extranjero y que, al no
triunfar en buena parte del territorio y en Madrid, se encaminó de
forma irremediable a una guerra civil. Fue la sublevación quien
colapsó la administración republicana. La República, durante la
guerra, tuvo que enfrentarse a una parte de la izquierda obrera, que
entendía que la democracia era irreconciliable con el capitalismo,
temiendo que se entregase, pacíficamente, al fascismo, como había
sucedido en toda Europa.
La pretensión de cada grupo social y
estamento rebelde era la defensa de sus propios intereses: la
aristocracia pretendía la conservación del rango y los privilegios;
los capitalistas, la libertad de explotación de los trabajadores y
la defensa a ultranza de la propiedad; la iglesia, la anulación de
las disposiciones que habían mermado sus fueros; los terratenientes
e industriales, impedir la reforma agraria y la intervención obrera
en las empresas; la prensa de derechas, el derecho a crear opinión y
defender el negocio; los militares, profesionales, burócratas y
burgueses, la restauración de un orden rígido y autoritario que
respetase el escalafón, la jerarquía, la antigüedad y las prebendas.
Los vencedores establecieron una dictadura para perpetuar esos
intereses y la mantuvieron mediante la represión y la violación de
los derechos humanos.
Mientras los tribunales argentinos
siguen investigando los delitos de lesa humanidad cometidos durante
la guerra y la dictadura franquista, en España se ha venido poniendo
trabas al juicio internacional, alegando la prescripción de los
delitos. Los desaparecidos del franquismo, según la Plataforma de
Víctimas de Desapariciones Forzadas, fueron 140.000 personas, entre
víctimas de la guerra civil y de la dictadura. A finales del pasado
año, la Audiencia Nacional tenía abiertos 143.353 expedientes sobre
desapariciones. Siguen enterrados en 2.000 fosas comunes sin abrir,
en las cunetas de las carreteras y en las catacumbas del Valle de
los Caídos.
Discúlpenme que me repita, ya lo he
dicho en alguna otra ocasión, pero quiero recordar la calificación
que doy al golpe de Estado, contra la legítima República:
políticamente antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional;
socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical;
ideológicamente totalitario; económicamente capitalista;
militarmente absolutista; moralmente inhumano; y su brazo ejecutor,
militares desleales a su juramento de defensa de la República y
contra el fascismo.
Feijóo y el PP
han vuelto a instrumentalizar y a manipular a algunas de las
víctimas del terrorismo de ETA, posicionándose en contra de las
víctimas de la Guerra y del franquismo, con la pretensión de
enfrentar a unas y a otras.
Se esconde tras las víctimas del terrorismo para justificar los
crímenes de la dictadura franquista. La
Ley de Memoria Democrática, trata de reconocer, resarcir y reparar a
las víctimas de la dictadura y la Guerra, dotarlas de memoria,
dignidad y justicia como a las víctimas de ETA. Pretende que el
Estado se haga responsable de exhumar los restos de las miles de
personas que aún están en las cunetas y en las fosas comunes, para
que sus familias puedan honrarles y cerrar esas miles de heridas
abiertas.
Bien venida sea la Ley de Memoria
Democrática. Soy víctima de la Guerra del 18 de Julio, provocada por
Franco contra la legitimidad democrática de la República. No quiero
terminar esta reflexión sin recordar a mi abuela Antonia Arrogante
fusilada en Toledo. Vivía en el Callejón de los Niños Hermosos, en
la judería toledana. No se celebró juicio ni se declaró sentencia de
muerte antes del "paseo" criminal. Oigo las botas contra el
empedrado, los gritos y empujones, los culatazos de los fusiles
sobre su espalda. Veo su cara perpleja y asustada. Oigo el sonido
seco de las descargas de los fusiles y el taac, taac de los tiros de
gracia junto a un paredón en la vega del Tajo.
El golpe de Estado del 18 de Julio,
fue una acción de intereses creados, para la restauración de
privilegios y prebendas; encubierto en ideales religiosos, sociales
y políticos. Los vencedores de la guerra, establecieron una
dictadura para perpetuar esos intereses creados y la mantuvieron
violando derechos humanos y sobre los crímenes cometidos bajo la
dictadura franquista. Ahora, la Ley de Memoria Histórica, considera
ilegales, la guerra y el franquismo.
