Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. Amnistía Internacional denuncia que la Fiscalía archivó el 89% de las diligencias por muertes en las residencias. Las muertes en residencias fueron evitables pese a la pandemia, y no se puede atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad. Son los familiares de las víctimas "quienes están presentando denuncias o querellas en los tribunales", pero el alance de las investigaciones "está siendo muy desigual según el juzgado o tribunal y, en todo caso, avanzan muy lentamente". El Consejo General del Poder Judicial "tampoco ha realizado seguimiento" sobre si están consiguiendo acceso a la justicia. Como consecuencia de todo se está extendiendo la impunidad y no se asegurará una adecuada reparación del daño causado ni garantías de no repetición.