Vladimir Putin al banquillo por el delito de agresión. No puede quedar sin castigo la invasión de Ucrania, las muertes que se están produciendo y las barbaridades que se están cometiendo por el ejército ruso. Las posibilidades de juzgar a Putin por la invasión de Ucrania, son remotas, debido a la complejidad que reviste el delito de agresión que entró en vigor en la Corte Penal Internacional CPI en 2018. El fiscal podría pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte una orden de detención contra Putin, aunque el hecho mismo de la detención parece imposible, pero la orden de detención conllevaría que no podría poner el pie en los 123 países miembros de la CPI. El fiscal anunció hace unos días el inicio de una nueva investigación a la Federación Rusa por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los sucesos de Maidán (2013-2014) y la adhesión de Crimea (2014-2015). Pero de momento, la invasión de Ucrania no podrá ser enjuiciada como delito de agresión; se exige que los dos estados en conflicto hayan ratificado el Estatuto de Roma, algo que no sucede. Rusia retiró su firma en 2016, impidiendo así que sus militares o él mismo pudieran ser juzgados por crímenes de guerra. La otra posibilidad es que se inste desde el Consejo de Seguridad de la ONU un procedimiento ante la CPI, pero el derecho de veto que posee Rusia impediría que se pudiera aprobar una resolución semejante. Parece que Vladimir Putin tenía todo pensado. Ucrania podría firmar el Estatuto de Roma desde este mismo momento, pero eso no permitiría a la CPI investigar a Rusia por un delito de agresión, en aplicación del principio de retroactividad. Será muy difícil juzgar a Putin y a sus acólitos mientras no haya un cambio político en Rusia. En los últimos días se baraja la posibilidad de privar a la Federación Rusa de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en base a una "presunta fraudulenta adjudicación de su sillón" cuando se desintegró la URSS en 1991. Pero son hechos consumados y mientras Rusia tenga derecho de veto, esto no ocurrirá. Otra posibilidad es que en un futuro pueda ser juzgado en Ucrania o en cualquier otro país en aras de la jurisdicción universal, en aquellas naciones donde esté en vigor. En España la reforma en 2014 vació de contenido el principio de jurisdicción universal, por lo que no se podría juzgar a Putin por delitos de lesa humanidad. Un efecto claro de esta guerra de agresión debería ser que Putin y sus acólitos se conviertan en unos "parias", de modo que, entre otras implicaciones, no puedan abandonar el país, a riesgo de poder ser juzgados (mediando o no extradición) por cualquier Estado cuya legislación nacional lo permitiera. La comunidad internacional debe buscar soluciones para impedir que Putin quede sin castigo, aunque sea a medio o largo plazo.

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